Ante esta situación, desde la Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedo en Castilla-La Mancha están elaborando una reclamación colectiva por los daños morales y económicos sufridos.
La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedo en Castilla-La Mancha (AFERRAN) estima en 350 millones de euros las pérdidas ocasionadas a pequeños viticultores de la región “por el arranque forzoso de viñas”.
Desde esta plataforma indican que la Administración regional obligó a arrancar unas 17.000 hectáreas de viñedo utilizando “un procedimiento carente de los más elementales principios de seguridad jurídica, al carecer de un informe técnico con los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992 y utilizando es su lugar unas simples actas de campo sin ningún valor probatorio respecto a la fecha de plantación, al no hacerse constar ni la metodología aplicada ni los razonamientos técnicos que llegan a la conclusión que en las mismas se recogen”.
Esto ha significado, dicen en Aferran, “que miles de pequeños viticultores han tenido que arrancar las viñas que eran su medio de vida para evitar las desproporcionadas sanciones coercitivas que se han venido imponiendo”.
De momento, el presidente de esta plataforma, Lorenzo Delgado, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dichos hechos, por entender que “los mismos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación y falsedad documental, de los que serían presuntos responsables los últimos cinco consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha, bajo cuyos mandatos se han ido sucediendo los expedientes de arranque y de imposición de multas coercitivas derivadas de dichos expedientes”. En concreto, se trata del actual consejero, Francisco Martínez Arroyo, y de María Luisa Soriano; José Luis Martínez Guijarro; Mercedes Gómez y Alejandro Alonso.
El presidente de la plataforma mantiene un contencioso-administrativo con la Consejería de Agricultura por estimar que “su falta de rigor ha perjudicado a miles de pequeños agricultores que se han visto obligados a arrancar sus viñas”. Además, elevó esta situación al Defensor del Pueblo, al considerar que el “arranque indiscriminado” de viñedo se podía haber evitado si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hubiera aplicado los derechos históricos que tenía sobre más 30.000 hectáreas de viñedo.
FUENTE: CLM24.ES