Poco o casi nada se ha vuelto a saber sobre si España se acogerá también a la destilación de crisis del vino en la actual campaña vitivinícola 2022/23, después de que Francia lo pusiera encima de la mesa, por lo que persisten las dudas.

En la previa del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del pasado 20 de marzo, el titular español de la cartera, Luis Planas afirmó que “si, efectivamente, la Comisión Europea se muestra abierto a ello (a la destilación de crisis), es decir, lo autoriza, España apoyará posibles medidas de destilación, como lo han pedido ya distintas CC.AA.”.

Planas precisó que esta medida se está planteando básicamente en el caso de los vinos tintos, “aunque parece que Francia quisiera abrirlo también a los rosados”.

De estas palabras, a las que luego no se dio más concreción o que se supiera algo más por los medios de comunicación tras la citada reunión del Consejo, puede colegirse que nuestro país se sumaría a esta medida de intervención pública del mercado, si Bruselas da permiso a Francia para hacerlo, ya que hay que recordar la misma no figura entre las medidas habituales aprobadas en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-2023.

De aprobarse, sería una medida extraordinaria, que visto lo que sucedió en 2020, el año álgido de la pandemia de Covid, que afectó muy de lleno al sector, cuyo presupuesto saldría del que figura en el PASVE, es decir, de esos poco más de 202 millones del ejercicio 2023.

En otros términos, con todos los frentes que tiene abiertos la Unión Europea, sobre todo los relacionados con la invasión de Ucrania, parece muy difícil, por no decir casi imposible, que la Comisión Europea habilite un fondo extraordinario para financiar una destilación de crisis que, por el momento, sólo ha puesto Francia sobre la mesa.

No obstante, al igual que está dispuesto a hacer Francia, nuestro país podría con el permiso de Bruselas, financiar o complementar parte del coste de esa destilación de crisis con fondos “de minimis” o de Estado, e incluso de las propias CC.AA., si estuviesen dispuestas a ello.

Más difícil aún parece aquí que puedan destinarse fondos de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), recaudados mediante una derrama (extraordinaria o no) al conjunto del sector, a través de una extensión obligatoria de norma, para costear parte de la citada destilación.

Hay que señalar también, como ya se dijo con anterioridad, que, hasta ahora, las demandas para una destilación de crisis que alivie los stocks de vino en bodega se han limitado al vino tinto y a determinadas CC.AA., como es el caso principalmente de la D.O.Ca. Rioja (La Rioja, Navarra y País Vasco) y de Extremadura, pero no ha sido una petición que se haya visto o trascendido, por ahora, por parte del sector vitivinícola de otras CC.AA. con volumen, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Cataluña.

Posibilidades

Como informó en su día el Gobierno de La Rioja, se está “prospectando” todas las posibilidades con el MAPA para abordar la destilación de crisis, no contemplada por la normativa de la UE (en los PASV) en este contexto temporal.

Para ello, existen dos mecanismos: uno, a través de la activación del articulado del Reglamento de la UE de la Organización Común de los Mercados de productos agrícolas (OCMA), en el que se hace referencia a que los Estados miembros podrán efectuar pagos nacionales a los productores de vino para la destilación voluntario u obligatoria de vino en casos justificados de crisis, mediante un importe de ayuda que no podrá ser superior al 15% de los fondos totales disponibles para ese ejercicio por país.

Y otro, a través del Marco Temporal de Crisis de la UE, relativo a las ayudas estatales, acordado en marzo de 2022, que permite a los países aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales, con el fin de sostener la economía en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Por lo general, el sector vitivinícola, incluso el afectado por la problemática del aumento de sus stocks en bodega, no parece dispuesto a que se desvíen fondos del PASVE de 2023, asignados de forma indicativa ya a las medidas habituales (reestructuración y reconversión del vino, promoción, inversiones, destilación de subproductos, cosecha en verde), como ocurrió en 2020. Y también se ve muy difícil (por no decir, casi imposible) que Bruselas aporte fondos comunitarios adicionales, que vayan más allá de los dispuestos para el actual ejercicio PASVE.

El tiempo, sin duda, apremia, y lo que se pide en concreto son fondos estatales (de la Administración General del Estado o de las CC.AA.) adicionales al PASVE, no fondos del propio PASVE, para afrontar con efectividad una destilación de crisis, que alivie de volumen a las bodegas antes de que el sector tenga que enfrentarse a una nueva vendimia en los próximos meses y que, por ahora, no se sabe muy bien cómo vendrá.

¿Cuánta oferta de vino podría sacarse del mercado? Pues todo dependería de los recursos que las Administraciones estén dispuestas en su caso a poner y de lo que se pague por hectolitro de vino destilado. Hay que recordar que, en 2020, con una crisis de mercado con diferencia mucho más grave, la destilación de crisis, que no fue la única medida extraordinaria que se adoptó, restó de la oferta de vino unos 2 millones de hectolitros.

 

 

FUENTE: SEVI.NET